Amnistía Internacional ha elaborado un estudio titulado “Acceder a violaciones de derechos humanos virtuales: un juego de niños” en el que se demuestra que la mitad de las comunidades autónomas carecen de la legislación específica para regular el acceso de los menores a videojuegos violentos.
El año pasado el Ministerio de Sanidad y Consumo anunció la entrada en vigor de PEGI, un sistema que clasifica
los videojuegos por edades basado en la autovaloración de sus fabricantes. Como consecuencia, no se aporta información clara y de interés sobre el contenido de estos juegos.
El informe de Amnistía Internacional demuestra que existen diez comunidades (Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco) cuyas leyes de protección a la infancia incluyen la prohibición de alquilar o vender este tipo de productos a menores. No obstante, en todas ellas Amnistía Internacional ha comprobado que niños de entre nueve y diez años pueden comprar sin problemas un videojuego violento, como por ejemplo God of War, sin ir acompañados de un adulto.
Por último la ONG también ha detectado que en al menos dos casos de los analizados, los vendedores interpretan la señal “autorizado para mayores de dieciocho años” como un indicativo del nivel de dificultad del videojuego, pero no como una obligación de prohibir su venta a los niños.
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